El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano y la ANSES, ha presentado una denuncia penal contra la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La acusación incluye presuntos delitos de «estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica». Esta denuncia se fundamenta en el cobro indebido de una bonificación por residencia en zona austral, mientras la ex mandataria habría vivido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
La ANSES, que ha solicitado ser parte querellante en el caso, sostiene que Cristina Kirchner declaró un domicilio en Río Gallegos, Santa Cruz, para poder percibir el plus por zona austral. Este beneficio está destinado exclusivamente a quienes residen o tienen radicación efectiva en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, Islas del Atlántico Sur y el partido de Carmen de Patagones en Buenos Aires.
La denuncia fue presentada por Ignacio Javier Uresandi, director de la Oficina de Integridad de la ANSES, y Maximiliano Raúl Rima, coordinador de Asuntos Penales. En ella se argumenta que es «público y notorio» que la ex vicepresidenta residió en CABA durante su mandato como senadora por Buenos Aires (del 10 de diciembre de 2017 al 10 de diciembre de 2019) y luego como vicepresidenta (desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 10 de diciembre de 2023).
El titular de la ANSES, Mariano De los Heros, había revelado el 17 de noviembre que Cristina Kirchner presentó un certificado de domicilio en Río Gallegos que le permitió cobrar un suplemento por zona austral por un total de $6.354.523 mientras residía en Buenos Aires. Este hecho es considerado por el Gobierno como una «conducta penalmente reprochable» que habría ocasionado un daño económico a la ANSES y al erario público.
Se destaca que, como viuda del ex presidente Néstor Kirchner y debido a sus propias asignaciones, Cristina Kirchner percibía un total bruto de $35.255.297,73, equivalente a casi 136 jubilaciones mínimas. Tras los descuentos correspondientes, su ingreso neto ascendía a $21.827.624,65.
En consonancia con esta denuncia, el Poder Ejecutivo ha publicado en el Boletín Oficial la Resolución 1092/2024. Esta resolución establece que las asignaciones «devienen jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública», reforzando así la postura del Gobierno de Javier Milei sobre la revisión y eliminación de privilegios en jubilaciones y pensiones.
El caso ha tenido un fuerte impacto político, reavivando las tensiones entre el oficialismo y la oposición. Desde el Gobierno se subraya la importancia de la transparencia y responsabilidad en el uso de recursos públicos; mientras que desde el entorno de Cristina Kirchner se califica esta denuncia como una «persecución política».
La ANSES espera que la Justicia avance en la investigación para esclarecer si efectivamente se cometieron los delitos denunciados. Mientras tanto, este episodio continúa generando repercusiones en el ámbito político y mediático, evidenciando las disputas por el control narrativo público y la lucha contra la corrupción dentro del sector estatal.
Este caso no solo pone al descubierto una posible irregularidad en el cobro de beneficios sino que también refleja las profundas tensiones presentes en el escenario político argentino, donde las acusaciones cruzadas y las batallas judiciales siguen dominando la agenda pública.
Fuente: NA
