El Gobierno Nacional ha decidido aplicar un recorte temporal de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, una medida que tendrá un costo fiscal estimado en 800 millones de dólares, lo que representa alrededor del 0,13% del Producto Bruto Interno (PBI) del país. Esta reducción, que se implementará por decreto, significará una pérdida de recaudación significativa, equivalente a casi la mitad del superávit financiero previsto para 2024, que se calcula en un 0,3% del PBI.
La baja en los derechos de exportación a los productos agropecuarios ha sido una medida anticipada por el Gobierno, dos semanas antes de la reunión prevista entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y la Mesa de Enlace agropecuaria, que había solicitado una disminución urgente de estos impuestos, dado el contexto crítico que atraviesa el sector agroindustrial.
A pesar de la pérdida fiscal que implicará esta decisión, que se suma a la presión sobre las finanzas nacionales, el Gobierno redoblará su estrategia presionando a las provincias y municipios para que también apliquen recortes impositivos a nivel local. Se espera que este lunes se publique el decreto oficial que detallaré la letra chica de la medida y el mecanismo de ajustes automáticos que entrarán en vigor en julio, sin necesidad de pasar por el Congreso.
Según fuentes oficiales, el impacto de esta medida podría no solo afectar las arcas nacionales, sino también alterar el equilibrio fiscal de las provincias, que ya enfrentan desafíos en términos de ingresos y gastos. La presión adicional sobre los gobernadores e intendentes para reducir impuestos podría generar tensiones políticas, ya que muchos de estos actores locales dependen de la recaudación de impuestos para financiar servicios públicos esenciales.
Economistas como Claudio Caprarulo, de la consultora Analytica, han señalado que el costo de eliminar por completo las retenciones sería aún mayor, estimando que el Estado necesitaría un superávit de USD 8.000 millones para cubrir la totalidad de la baja en los gravámenes.
La medida está diseñada para dar un respiro a los productores agropecuarios, quienes se enfrentan a una caída en los precios internacionales de los cereales, pero también pone en evidencia las tensiones entre el Gobierno y las provincias respecto al manejo de la política fiscal en un contexto de restricciones económicas.
