"El Ministerio no tiene facultad para intervenir en procesos judiciales como prisiones preventivas o problemas de salud (de los detenidos), que son planteos que deben realizar ante la autoridad judicial", explicó Germán Garavano.
En ese marco, agregó que "las políticas de derechos humanos son políticas de Estado" y que "tienen que ver con la democracia y su fortalecimiento".
"Sostenemos una línea de trabajo que con matices viene desde el gobierno de Raúl Alfonsín y que seguimos con muchas políticas del gobierno anterior, aunque a lo mejor se han dejado de lado algunos actores que eran funcionarios políticos", agregó el ministro.
Garavano remarcó que desde su cartera "no se fomentará situaciones de división o conflicto" entre organismos de derechos humanos y las organizaciones que defienden a los detenidos por violaciones a los derechos humanos, porque el Gobierno "se maneja con prudencia y equilibrio".
Fuente: Télam