La Corte Suprema de Justicia de Tucumán ratificó que correspondía cerrar la causa penal abierta contra Irene Benito, periodista de LA GACETA, mediante una sentencia en la que hizo hincapié en la necesidad de proteger la libertad de expresión ante los intentos de criminalización infundada. Con las firmas de los vocales Daniel Posse (preopinante), Antonio Estofán y Daniel Leiva, el alto tribunal local declaró inadmisibles -con costas a cargo de los vencidos- las impugnaciones que habían presentado el denunciante y funcionario público Alfredo Falú, y la fiscala Marta Ignacia Jerez de Rivadeneira contra un pronunciamiento previo favorable a la periodista de la jueza Alicia Freidenberg. En julio de 2022, aquella magistrada había resuelto que Falú no podía actuar como querellante y que los hechos atribuidos a Benito, por los que incluso esta declaró como imputada, no configuraban delito.
“Al debatirse en el presente proceso el uso racional del derecho penal ante un caso en el que está en juego el derecho a la libertad de expresión cabe poner de resalto que la Corte Interamericana tiene dicho que no estima contraria a la Convención (Americana de Derechos Humanos) cualquier medida penal a propósito de la expresión de informaciones u opiniones, pero que esta posibilidad se debe analizar con especial cautela, ponderando al respecto la extrema gravedad de la conducta desplegada por el emisor de aquellas, el dolo con que actuó, las características del daño injustamente causado y otros datos que pongan de manifiesto la absoluta necesidad de utilizar, en forma verdaderamente excepcional, medidas penales”, expresa la sentencia notificada el 24 de mayo. Posse, Estofán y Leiva, presidente de la Corte, añadieron que “en todo momento la carga de la prueba debe recaer en quien formula la acusación”, y refrendaron que cabía promover los derechos en pugna con racionalidad y equilibrio, “sin mellar las garantías que requiere la libre expresión como baluarte del régimen democrático”.
Falú había acudido a los Tribunales penales en 2020 con el argumento de que la contratación de Benito por parte del Colegio de Abogados de la Capital para que redactara un libro de estilo dirigido a aclarar la lengua de los letrados escondía en realidad un pacto espurio con el entonces titular Francisco García Posse para dañarlo junto a otros profesionales, fiscales y jueces en la cobertura de expedientes con trascendencia institucional, como las causas “Teves” y “Rigourd”, y que la periodista había percibido honorarios por un libro que nunca había finalizado. Durante la pesquisa a cargo de la fiscala Mariana Rivadeneira -hija de Jerez de Rivadeneira-, las autoridades de las instituciones profesionales informaron que el libro de estilo en cuestión había sido entregado en 2019 y descartaron actos ilícitos. Benito por su parte presentó copias certificadas por una escribana del manual de su autoría existente en el Colegio de Abogados del Sur y, con la asistencia de su defensor Patricio García Pinto, aseguró que Falú había montado una denuncia falsa con el fin de criminalizarla y de vengarse por sus investigaciones periodísticas.
Fuente: La Gaceta de
