En un caso que ya genera repercusión a nivel nacional, la Justicia de La Rioja condenó a una mujer a indemnizar a su expareja por daños y perjuicios tras comprobarse un sostenido hostigamiento, difamaciones y acusaciones falsas a través de redes sociales.
El abogado del damnificado, Pablo Arrieta, explicó en diálogo con Radio La Red que se trata de “un fallo sin precedentes en el país”, ya que por primera vez se logra una condena civil de estas características vinculada al acoso digital, incluso mediante perfiles falsos.
El conflicto se originó tras la ruptura de una relación breve, de aproximadamente siete meses, entre 2019 y 2020. Según detalló el letrado, luego de la separación la mujer inició una serie de publicaciones ofensivas y acusaciones graves contra el hombre, tanto desde su cuenta personal como desde perfiles anónimos. Además, el hostigamiento trascendió lo virtual: también se presentaba en el domicilio y lugar de trabajo del denunciante con el objetivo de perjudicarlo.
Estas acciones derivaron en la apertura de sumarios administrativos dentro de la fuerza policial donde se desempeñaba el hombre, afectando su carrera profesional e impidiéndole ascensos durante varios años. Incluso, se radicó una denuncia por violencia de género que posteriormente fue desestimada por falta de pruebas.
Ante este escenario, en plena pandemia, la defensa inició medidas cautelares que derivaron en una orden judicial para que cesaran los actos de persecución, incluyendo una prohibición de acercamiento —una resolución poco habitual en ese momento hacia un hombre—. Sin embargo, la acusada habría incumplido estas disposiciones, agravando su conducta.
Al finalizar, la Justicia resolvió condenarla a abonar una suma económica millonaria en concepto de reparación por los daños ocasionados, tanto patrimoniales como morales. Además, deberá publicar la sentencia y retractarse en sus redes sociales, incluyendo los perfiles falsos utilizados. En caso de incumplimiento, se estableció una multa diaria de 100 mil pesos. Arrieta destacó que el fallo deja dos mensajes claros: “El anonimato en redes sociales no garantiza impunidad” y “la Justicia no distingue género cuando hay derechos vulnerados”.
Si bien la sentencia puede ser apelada, desde la defensa señalaron que el objetivo del demandante era reparar su honor y cerrar esta etapa, algo que considera cumplido con esta resolución.
