La vocal del Tribunal Superior de Justicia brindó detalles sobre el nuevo protocolo y señaló que la Justicia actuará con celeridad y firmeza. Confirmó que ya hubo una primera audiencia con un adolescente y su tutora, donde se establecieron responsabilidades pedagógicas y sociales. “Si la situación lo amerita, se procederá a la detención de los progenitores”, aseguró.
En una entrevista exclusiva con Radio La Red, la jueza Karina Becerra, vocal del Tribunal Superior de Justicia, analizó el rol de la Justicia en el marco del nuevo protocolo ante amenazas de violencia escolar. La integrante del máximo tribunal destacó que se trata de un trabajo articulado entre Salud, Seguridad, Educación y Justicia para llevar tranquilidad a la comunidad.
Becerra fue categórica al señalar que no se minimizará ningún hecho: «Frente a cualquier amenaza se va a actuar con total seriedad. El menor que genere miedo en su centro educativo deberá tomar dimensión de las consecuencias de sus actos».
En este sentido, confirmó que este martes se realizó la primera audiencia judicial con un adolescente identificado y su tutora. «La jueza Ivana Alarcón ya estableció medidas de responsabilidad. Se evalúa el contexto socio-familiar para determinar si fue una ‘travesura’ o si hay un trasfondo de bullying o violencia, pero en ningún caso se justifica», explicó la vocal. Entre las medidas impuestas, el joven deberá realizar cursos de capacitación, actividades deportivas y tareas comunitarias.
La responsabilidad de los padres: ¿Sanciones y detenciones?
Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la responsabilidad que recae sobre los adultos. Becerra advirtió que la familia es el «primer aro de contención» y que su rol es fundamental, especialmente en el control del uso de redes sociales.
«La responsabilidad de los padres se evaluará según la gravedad del hecho. Si la situación lo amerita, se procederá a la detención de los progenitores o tutores, como ya ha sucedido en otras provincias donde hubo facilitación de armas o negligencia grave», afirmó la jueza. Respecto a si los padres deberán pagar los gastos operativos de los despliegues policiales, indicó que es un punto que estuvo en discusión: «Tendrían que pagar porque ponen en movimiento a todo el Estado, pero hoy lo urgente es la prevención y el orden».
La vocal del TSJ detalló que las conductas están tipificadas en el Código Penal (artículos 211 y 149 bis) bajo las figuras de intimidación pública y amenazas. Además, informó que existen actualmente entre cuatro y cinco autores ya identificados gracias a tareas de investigación tecnológica y allanamientos donde se incautaron dispositivos telefónicos.
«Se están evaluando los teléfonos para ver si son hechos aislados o si hay una correlación con retos de redes sociales», explicó Becerra. Asimismo, aclaró que la justicia de menores interviene a partir de los 14 años, pero siempre bajo un enfoque interdisciplinario que incluye apoyo pedagógico y psicológico.
Becerra hizo un llamado a los adultos para que no fomenten estas conductas a través de las redes sociales. «A veces vemos a adultos posteando bromas sobre no ir a trabajar por las amenazas; tenemos que ser responsables. Esto no lo resuelve solo el Estado; la familia debe estar alerta. Un niño guardado en su habitación no siempre está seguro si no hay control sobre lo que consume en internet», concluyó.
