En octubre de 2022, el Gobierno de Alberto Fernández, con Sergio Massa como ministro de Economía y Guillermo Michel en la Aduana y Matías Tombolini en la Secretaría de Comercio, anunció un nuevo mecanismo de autorización para habilitar importaciones y, en consecuencia, acceso al dólar oficial. Las «SIRA», decían, buscaban evitar «avivadas» por parte de ciertas empresas que suelen hacer negocios con la brecha cambiaria de 100% entre el dólar oficial «barato» al que traían los productos y los dólares alternativos, que existía en aquel momento.
Imagino que la mayoría de la gente no se acuerda, pero Michel es el diputado nacional por Entre Ríos, junto a otros representantes que participaron de la reunión que mantuvo la diputada bonaerense Victoria Tolosa Paz con el gobernador Quintela, cuando éste parecía decidido a candidatearse para Presidente.
Volviendo a la actualidad, aquella medida de las SIRA, que buscaba generar más transparencia se fue cubriendo de sospechas. Ahora una causa judicial en el juzgado de Ariel Lijo, con Franco Picardi como fiscal, podría dar un giro. Según difundió este miércoles el diario La Nación, en el caso, que ya lleva varios meses, pero tiene secreto de sumario hasta este jueves, se identificaron al menos cuatro empresarios que habrían pagado coimas de entre el 10% y el 15% para obtener permisos para importar. La investigación imputó hasta ahora a varios operadores financieros y a cinco funcionarios del Banco Central.
Fuentes que siguen la causa afirman que el fiscal habría detectado a los empresarios que habrían aceptado pagar los porcentajes y los montos de las operaciones, que superan los 3,5 millones de dólares. Serían coimas para realizar importaciones concretas (no simuladas).
El fiscal Picardi tras pedir informes urgentes a la Aduana, a la Secretaría de Comercio y al Banco Central y solicitar que se levante el secreto fiscal, bancario y bursátil de 50 personas físicas y jurídicas, realizó casi 30 allanamientos a los que les sumó testimonios y teléfonos aportados por los funcionarios imputados, que son cinco, todos con cargo de gerente o similar. Todos ellos entregaron sus teléfonos y claves a la Justicia, excepto uno. Los otros imputados son dueños de casas de cambio: Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles.
Meses atrás, La Nación ya había publicado un chat entre dos importadores que refería exactamente un 15% “en billete” a cambio de que la operación saliera en un lapso de 48 horas, exigencia que coincide además con un aviso publicado en las redes sociales y cuyo remitente era descaradamente “Despachantes de Aduana y Comercio Exterior en Argentina”, fijaba un 13% del valor para bienes (SIRA) y un 15% para los servicios (Sirase). Aquella información fue uno de los indicadores más precisos de una operatoria que era un secreto a voces durante la gestión del equipo de Massa en Economía. Pero recién ahora, gracias a la prensa, la ciudadanía se está enterando.
Los montos totales sobre los cuales se habrían cobrado las supuestas comisiones ilegales son multimillonarios. Sólo en 2023, bajo el cepo y con varios sectores con serias dificultades para acceder al dólar oficial, la Argentina importó por casi 75.000 millones de dólares. Y la investigación rastrea pagos ilegales por unos 7.500 millones de dólares. En Argentina parece ser que todos los ilícitos, por miles de millones de dólares. ¡País grande y generoso!
La información sobre estas maniobras navegaba sin luces hasta que Guillermo Francos hizo sonar la alarma. El 12 de julio de 2025, el entonces jefe de Gabinete señaló que habría que investigar la adjudicación de las SIRA porque existían indicios de que para obtenerlas se pagaban coimas. Ocho días más tarde, señaló que Tapia y Toviggino ejercían una manipulación política cuando deciden si el público puede volver a las canchas.
Ese día Toviggino le dedicó una respuesta surrealista, acusándolo de “tener los dientes amarillos”, y deseándole un rápido final. El 22 de julio, Francos reaccionó por lo de los dientes preguntándose si Toviggino no tendrá los dedos verdes. Un mes más tarde, desde la plataforma Carnaval, cuya propiedad se atribuye a Toviggino y al senador santiagueño Gerardo Zamora, se divulgaron los audios de Diego Spagnuolo revelando que a través de contratos suscriptos por la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS), Karina Milei cobraría coimas de 3%.
Como decíamos, todo esto lo tiene el juez Ariel Lijo. Pero sucede que Malena Galmarini, esposa de… ya sabemos quien, gastó 25 millones de dólares, no de su bolsillo por supuesto, en la compra de 620 camionetas cuando estaba al frente de la empresa estatal AYSA, que provee agua potable a CABA. Pero la causa no se movió absolutamente nada. ¿El juez de la causa? Ariel Lijo. El mismo de la causa Adorni.
Pero la causa casi no se movió. ¿El juez de la causa? Luis Armella. El mismo de la causa AFA.
¿Por qué la Justicia ya tiene hasta la comida del vuelo de Adorni a Punta del Este, pero ni siquiera se llamó a declarar a Martín Insaurralde? Vimos el yate, vimos los viajes, vimos los pisos, vimos las mansiones, vimos la fiesta. Aunque en este caso el lento es el juez Luis Armella. Ironías de la vida: pensar que alguna vez Manuel Adorni justificó el nombramiento por decreto del presidente Milei para que Ariel Lijo sea ministro de la Corte Suprema. Adorni, como vocero del Gobierno, defendió ese nombramiento. Un año después, el juez Ariel Lijo lo tiene contra las cuerdas.
Pero no sólo ahí, pasan cosas extrañas. También en la causa Cuadernos. En las últimas declaraciones parece que casi todos los empresarios sufren de arrepentimiento de haberse arrepentido antes. Así por ejemplo, el empresario Cristóbal López, accionista principal del Grupo Indalo, se presentó este jueves en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar en el marco del juicio oral por la causa Cuadernos, ante el Tribunal Oral Federal N°7. “ Esta causa fue totalmente falsa y armada por el fiscal (Carlos) Stornelli y el juez (Claudio) Bonadio, afirmó. Se suma así a la serie de empresarios que han empezado a declarar que, o bien los coaccionaron, o bien tuvieron que mentir sobre los delitos que se les imputaban para no perder la libertad. ¿Será que los empresarios y jueces y algunos/as más, saben o intuyen o alguien les dijo que algo muy importante va a suceder en Argentina? Tal vez algún gran cambio…
