Las obras sociales sindicales prestan atención médica a 14 millones de personas en la Argentina, pero la CGT advirtió que la crisis que atraviesan es “casi terminal” por la cual existe una “imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos” y señaló que el Gobierno hace un manejo “inequitativo” de los fondos del sistema, que surgen del aporte de los trabajadores.
Dice la CGT que “actualmente, el promedio de recaudación de nuestro sistema está en $67.525 por beneficiario, lo que implica que hay más de 9 millones de afiliados que se encuentran por debajo de este promedio, equivalente al 67% de la población de obras sociales nacionales -indicó-. Pero lo que resulta más importante para tener en cuenta es el costo del Plan Médico Obligatorio (PMO) que estamos obligados a dar.
De acuerdo con las estimaciones realizadas por el grupo de técnicos y profesionales de la CGT, el valor del PMO para el mes de marzo de 2026 rondaba los $85.000 per cápita, es decir, una cifra que se encuentra casi un 25% por encima de la recaudación promedio del sistema, destacó el informe. Este último dato implica que más de 11 millones de beneficiarios, es decir el 78,5% del padrón, no aportan lo suficiente para poder financiar el acceso a las prestaciones requeridas por el PMO.
Cabe puntualizar que este deprimente panorama se refiere únicamente a las obras sociales sindicales, pero las obras sociales provinciales, municipales y hasta de fuerzas de seguridad que están desparramadas a lo largo del país, pasan por una situación similar. Por ejemplo APOS tiene un quebranto mensual de 5000 millones de pesos, cuando hasta no hace mucho era de 3000 millones. Otro tanto pasa con la Obra Social de las Fuerzas Armadas a nivel nacional y ni qué hablar del PAMI.
Por su parte, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), señala que a mediados de la década de los ‘90 se relajó el principio de afiliación cautiva a la obra social sindical permitiendo a los afiliados elegir su obra social. Esto dio pie al ingreso de las empresas de medicina prepaga. La instrumentación era a través de convenios con obras sociales para que éstas, a cambio de una comisión, deriven a la prepaga el aporte obligatorio.
En el 2025 se puso fin a la “derivación de aportes” incorporando a las empresas de medicina prepaga al sistema para competir en forma directa con las obras sociales. Se eliminó la intermediación de las obras sociales derivadoras y las personas ahora pasan a ser afiliadas directas de las prepagas. Como consecuencia de ello el sistema quedó conformado con 290 obras sociales que aglutinan el 64% de la recaudación y 50 empresas de medicina prepaga con el 36% restante.
Las dimensiones del desfinanciamiento se agigantan cuando se computan unos 2 millones de monotributistas que también fueron integrados al sistema pero que en su mayoría aportan apenas $22.000 por mes. Es decir, la mayoría de los afiliados aportan por debajo del costo del PMO.
El Plan Médico Obligatorio fue creado por una resolución ministerial en 1996 como un listado de prestaciones médicas básicas. Pero sucesivas leyes lo fueron ampliando e incorporando prestaciones no médicas, como los servicios sociales a la discapacidad, a las adicciones y a la salud mental. Asimismo, como el listado no es taxativo sino abierto, se entiende que toda nueva innovación en medicina (como los medicamentos biológicos) están implícitamente incluidos en el PMO. Un hecho notable es la ampliación del PMO vía amparos judiciales. Se estima que actualmente hay 1 amparo por cada 1.000 afiliados y la tendencia es creciente.
Sostiene IDESA que la base para comenzar a recomponer el sistema es restablecer la consistencia entre las prestaciones que se obliga al sistema a proveer y el financiamiento que se dispone. Para ello es imprescindible, por un lado, reordenar el PMO, detallar taxativamente qué prestaciones comprende.
Todo esto es consecuencia de una doble demagogia. La primera es la de incorporar, vía leyes y sentencias judiciales, prestaciones al PMO sin contemplar su financiamiento. La otra es incorporar a la cobertura a gente con aportes muy limitados, como es el caso de los monotributistas.
También la CGT señaló que entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023 la capacidad de compra de medicamentos se redujo en promedio en el 49%. Esta situación se mantiene hasta la actualidad».
“Debemos soportar el agujero financiero que nos produjo y nos sigue produciendo la incorporación de monotributistas, cuyo aporte al sistema (alrededor de $20.000) es un 290% inferior al costo del PMO” protestó la CGT.
Acotando que “hoy el PAMI nos transfiere $48.269 per cápita, valor que resulta muy inferior a lo que realmente recauda el PAMI ($159.000 aproximadamente). A ello hay que agregar, que en determinados distritos, como ocurre con los hospitales de CABA, el nomenclador que utilizan para facturar las prestaciones presenta valores muchas veces superiores a los de prestadores privados”.
Pero también hay que señalar que las obras sociales sindicales cubren al trabajador en su vida útil pero cuando se jubila una persona es cuando más atención médica y medicamentos necesita.
Mientras tanto no escuchamos ninguna propuesta al respecto de aquellos que aspiran a conducir el país. ¿Y en qué habrá quedado el mandato constitucional de 1994 que estableció que la salud era responsabilidad de las provincias?
