<div>La licenciada Andrea Agostini, de UNKAY – La Rioja y auditora del área de discapacidad en Red INCLUIR, en diálogo con La Red, manifestó que este lunes a partir de las 10 en todo el país, docentes, profesionales, familias y administrativos de UNKAY, realizarán una movilización bajo el lema “no recorten en discapacidad, no recorten lo que sostiene mi mundo”.</div><div><br></div><div>La movilización es una organización que depende del colectivo nacional de discapacidad y de todos los prestadores, se replicará en todas las provincias, aquí en La Rioja, la convoca el Colectivo de Discapacidad La Rioja, que abarca varios centros y agrupaciones, centros categorizados, consultorios, se adhirieron también colegios profesionales y la Unión de Transportistas de La Rioja para personas con discapacidad. <br></div><div><br></div><div>“El tema de fondo y lo que venimos pidiendo desde hacer varios meses, tiene varios ejes, pero lo central es no a la firma de un DNU, que estatiza los fondos de discapacidad, que obliga a estatizar las prestaciones de discapacidad que en la actualidad se dan por medio de las obras sociales, lo cual implica un redireccionamiento de los fondos y, no al ajuste en discapacidad, que es el eje central”, argumentó Agostini.</div><div><br></div><div>A su vez, argumentó que “el ajuste que estamos viviendo hace meses y hoy se endurece un montón, por la falta de continuidad en los pagos”, y continuó diciendo que “nosotros somos un Centro categorizado UNKAY, pero la realidad es que a todos los prestadores hace 3 meses que no cobramos”. <br></div><div><br></div>“Estamos acostumbrados históricamente a cobrar cada 3 meses, una demora de 90 días de la facturación presentada, pero lo que se hace insostenible es que, desde agosto, no percibimos nada de honorarios y en julio, cobramos marzo-abril, de algunas obras sociales no de todas, hay algunas que tienen un atraso mucho mayor”, definió.<br><div>Agostini, describió que “si bien el convenio o la prestación se hace mediante expediente entre el profesional o el centro, con la obra social, ésta última es intermediaria, porque debe presentar ese legajo a la Superintendencia de Salud y la plata la gira Superintendencia”.</div><div><br></div><div>“Los fondos de discapacidad son del 3% de que todo trabajador en blanco aporta al fondo solidario y las empresas son un 6%. Ese fondo solidario de redistribución es lo que pagan las prestaciones de discapacidad en todo el país, por ende, el agente recaudador es la AFIP”, explicó.</div><div><br></div><div>La profesional sostuvo que “la discapacidad no es un costo que asumen las obras sociales, sino que son intermediarias; si están en regla y cumplen con todos los requisitos de superintendencia se reintegra el 100% de las prestaciones a través de un mecanismo”.</div><div><br></div><div>“Lo último que se conoció es que una parte de los fondos habían sido liberados a varias obras sociales y habían sido retenidos por los gremios”, comentó y opinó: “en esta lucha de poderes quedó en el medio el colectivo de discapacidad, afectando a los más vulnerables que son las personas de discapacidad y los prestadores”.</div><div><br></div>Agostini remarcó: “nosotros como prestadores trabajamos con honorarios precarizados, sumándole la inflación y que cobramos cada 3 meses-6-9 en algunos casos es insostenible la situación”. <br><br>