En medio del tratamiento de un proyecto que busca agravar las penas por falsas denuncias en casos de violencia de género, la discusión volvió a instalarse con fuerza en el ámbito judicial y político. Mientras algunos sectores impulsan endurecer las sanciones, voces del sistema judicial advierten que la iniciativa podría tener efectos contraproducentes. En este sentido, Gisela Flamini Jueza de instrucción y Violencia de Género aseguró que estadísticamente las falsas denuncias no llegan y no superan el 1% en relación a las demás denuncias.
La jueza de instrucción y de violencia de género, Gisela Flamini, planteó que no resulta necesario crear una nueva figura penal, ya que el delito de falsa denuncia ya está contemplado en el Código Penal. Según explicó, el agregado de un agravante específico en materia de género podría derivar en una mayor estigmatización y desalentar a las víctimas reales a acudir a la Justicia. “De por sí es difícil que una víctima tome la decisión de denunciar. Si además se instala la idea de que puede enfrentar una sanción penal agravada, el efecto puede ser inhibitorio”, sostuvo.
En Argentina, las denuncias por violencia de género continúan siendo elevadas y, según distintos estudios, existe un subregistro importante debido a múltiples factores: miedo, dependencia económica, presión social y desconfianza en las instituciones. En ese contexto, Flamini remarcó que cualquier modificación legislativa debe analizarse con cautela para no generar un retroceso en el acceso a la Justicia.
La magistrada también puso el foco en el funcionamiento del sistema judicial. A su entender, el problema no radica en la falta de figuras penales, sino en la forma en que se gestionan las causas. “Hoy se promueve acción prácticamente en todos los casos. Lo que se necesita es un control más efectivo, especialmente del Ministerio Público Fiscal, y un filtro adecuado sobre qué casos deben avanzar a juicio”, explicó.
En esa línea, propuso fortalecer los estándares de prueba y diversificar las respuestas del sistema. No todos los casos, señaló, requieren necesariamente un proceso penal tradicional. Alternativas como medidas cautelares, reparaciones o condiciones específicas pueden resultar más eficaces en determinadas situaciones.
El debate abre una discusión de fondo: cómo equilibrar la necesidad de sancionar conductas indebidas sin afectar el derecho de las víctimas a denunciar. En un contexto donde la violencia de género sigue siendo una problemática estructural, especialistas coinciden en que cualquier reforma debe priorizar la protección de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, sin descuidar las garantías del debido proceso.
La iniciativa continuará en análisis, mientras crecen las voces que reclaman una mirada integral que contemple tanto la eficacia del sistema judicial como el impacto social de las decisiones legislativas.
