El ministro Ernesto Pérez, acompañado por el abogado Rodrigo Valls (P.M. 1034), ofreció este martes una conferencia de prensa cargada de acusaciones contra la concejal Ramona Ceballos, a quien señalaron por haber estado inscripta en el Registro de Deudores Alimentarios en Mora (REDAM) hasta el 20 de agosto, y por haber salido de ese padrón “en menos de 24 horas”, en una maniobra que calificaron como “inadmisible y sospechosa”.
Según relató el Dr. Valls, la información sobre la condición de deudora alimentaria de Ceballos era pública y fue comunicada por el ministro Pérez en sus redes sociales el 20 de agosto. Sin embargo, al día siguiente, la concejal exhibió un certificado que la desvinculaba del registro. “Lo inaudito es que un expediente archivado desde 2007 se haya reactivado de un día para otro, con una resolución dictada en tiempo récord. Ningún ciudadano común consigue semejante beneficio”, cuestionó el abogado.
El ministro Pérez fue más allá y apuntó contra la Justicia riojana y su relación con la fuerza política de Ceballos. “Nos preguntamos si la Justicia de La Rioja es independiente o responde a la Libertad Avanza. Porque ningún militante peronista consigue semejantes favores judiciales. Esto huele a protección política”, disparó.
En ese marco, Pérez señaló directamente al Superior Tribunal de Justicia y a vínculos familiares con el poder. “Nadie del peronismo logró jamás un beneficio como éste. No será porque la hija del doctor Claudio Ana, miembro del Superior Tribunal, tiene injerencia en estas decisiones. Nosotros tenemos una relación de amistad con él, pero creemos que debe acallar de una vez por todas las posiciones de sus hijas para que los representantes del sistema judicial puedan trabajar tranquilos, en paz”, sostuvo.
El funcionario insistió en que es necesario investigar qué pasó en el REDAM para que la concejal haya recibido “un nivel de impunidad y protección inédito”. Y agregó: “Estamos viendo cómo ciertos actores del REDAM trabajan en línea con la Libertad Avanza, de la misma manera que ocurre en Buenos Aires: acallan jueces, tapan coimas y persiguen al periodismo. Nosotros solamente informamos que la señora Ceballos era deudora alimentaria. El resto es protección política”.
Durante la conferencia también se plantearon otros interrogantes: cómo obtuvo la concejal licencias de conducir, créditos bancarios y hasta beneficios estatales pese a estar en el REDAM, situación que, según la normativa, debería haberle impedido acceder a esos trámites. “Lo más grave es que Ceballos llegó a ser electa concejal con un certificado que, si estaba inscripta en el registro, podría configurar incluso falsificación de documentos públicos”, advirtió Pérez.
El Dr. Valls confirmó que contestarán la carta documento enviada por Ceballos y que avanzarán con pedidos formales al tribunal para esclarecer cómo se produjo el levantamiento exprés de la deuda alimentaria. “Estamos frente a un uso y abuso de organismos públicos para beneficios personales. Eso genera un profundo malestar porque erosiona la confianza en el sistema judicial”, sostuvo.
En el tramo final, Pérez planteó que la situación abre un debate de fondo. “Esto es un debate de valores. Vamos a tener candidatos del peronismo que cumplimos nuestras responsabilidades en la sociedad: si tenemos crédito, lo pagamos; si tenemos carnet de conducir, lo hacemos en regla; no tenemos deudas en el REDAN, ni causas judiciales, ni beneficios a medida. La diferencia es clara: mientras unos cumplen con la ley, otros usan su poder para torcerla a su favor”, concluyó.
