La secretaria de Planeamiento e Innovación Educativa, Vanesa Navarro, explicó los alcances de la nueva normativa provincial de aplicación obligatoria. El protocolo establece pautas de actuación inmediata ante amenazas o presencia de armas, priorizando el interés superior del niño y el resguardo de la comunidad docente.
En una entrevista con Radio La Red, lVanesa Navarro, secretaria de Planeamiento e Innovación Educativa, brindó precisiones sobre el nuevo protocolo provincial diseñado para responder a las recientes amenazas de violencia en establecimientos escolares. La funcionaria destacó que, si bien la normativa surge ante situaciones de emergencia, su espíritu busca desalentar estas conductas mediante un abordaje integral que involucra a varios ministerios.
Navarro enfatizó que el protocolo es de alcance obligatorio para todas las instituciones educativas de gestión estatal y privada, en los niveles primario, secundario y superior. «Es una definición operativa ante cualquier expresión que genere temor, ya sea una pintada, un mensaje en redes o una amenaza verbal», señaló.
El procedimiento establece que, ante la detección de una amenaza:
-
La autoridad escolar debe realizar la denuncia inmediata en la comisaría más cercana.
-
Interviene personal policial e investigaciones para realizar una evaluación del riesgo.
-
El protocolo define dos caminos: si el riesgo es leve o moderado, se mantiene en la esfera socioeducativa (jornadas de convivencia); si es alto, intervienen autoridades de seguridad y organismos de protección de menores.
Responsabilidad sistémica y el rol de las familias
La funcionaria aclaró que la aplicación no debe recaer solo en una persona, sino que es una responsabilidad sistémica e institucional. «Un docente puede alertar a la directora y la decisión de activar el protocolo debe ser mirada desde el conjunto», explicó, agregando que se trabajó estrechamente con los gremios para dar respaldo a la docencia.
Respecto a las familias, Navarro indicó que el Ministerio de Educación promoverá la «alfabetización digital» y la «ciudadanía responsable». «No se trata de dividir responsabilidades o buscar culpables en los padres, sino de asumir compromisos colectivos para desalentar estos retos virales», afirmó.
Un punto clave de la entrevista fue la advertencia sobre las consecuencias de estas «bromas» o amenazas. Navarro recordó que, al tratarse de delitos tipificados, la intervención de la justicia de menores puede derivar en medidas que afecten el futuro de los adolescentes. «Cualquier hecho que se judicialice puede tener consecuencias a largo plazo, como en los antecedentes penales o la búsqueda laboral futura«, advirtió, instando a los jóvenes a tomar conciencia de la gravedad de sus actos.
Recobrar la confianza en la escuela
Ante consultas de oyentes sobre casos donde no se comunicaron las amenazas a los padres, la secretaria fue contundente: «La resolución es ley para las instituciones. Es urgente recobrar la confianza entre las familias y la escuela».
Finalmente, Navarro hizo un llamado a la responsabilidad de los medios de comunicación para evitar el sensacionalismo y el «efecto contagio». «Muchos mensajes viralizados son de otros lugares y solo generan absentismo escolar. Tenemos que trabajar con datos reales y resguardar la identidad de nuestros niños y niñas», concluyó.
