El abogado y ex viceintendente de la Capital riojana, Guillermo Galván, presentó este lunes un amparo ante la Justicia Federal para solicitar la prescripción, el cese de cobro y el reintegro de lo que considera un cobro indebido en las facturas de energía eléctrica, agua e internet, aplicado bajo el decreto provincial 1037.
En diálogo con La Red, Galván explicó que la medida apunta directamente contra una disposición del gobernador Ricardo Quintela que autoriza a las empresas prestadoras de servicios a cobrar en siete cuotas una deuda originada durante la pandemia. “He presentado un amparo ante la Justicia Federal porque hay una colisión entre el decreto de Quintela que autoriza a las empresas de luz, agua e internet para todos a cobrar un impuesto en siete cuotas sobre las tarifas”, sostuvo.
Según detalló, este cargo aparece reflejado en las boletas bajo la denominación “Decreto 1037”, visible en las facturas de servicios. Galván argumentó que esta medida contradice una resolución nacional dictada en 2024, que prohíbe a los gobiernos provinciales y municipales incorporar tasas, contribuciones o impuestos sobre servicios regulados por el Estado nacional, como la energía y el gas.
“Hay una colisión con una norma nacional que establece que no pueden los gobiernos locales cargar con tasas, contribuciones o impuestos sobre la prestación de servicios como la luz o el gas”, afirmó.
El ex viceintendente explicó que el origen del conflicto se remonta a marzo de 2020, cuando, en el marco de la pandemia, se suspendió el pago de estos servicios. Según indicó, el Gobierno provincial decidió ahora recuperar esos montos adeudados argumentando un fuerte impacto financiero sobre las empresas prestatarias.
Sin embargo, Galván remarcó que esas deudas ya no pueden ser exigidas legalmente. “Lo grave de esto es que esas deudas han prescripto. Nuestro Código Civil, en el artículo 2562, dice que al tratarse de obligaciones periódicas, como la factura de luz, internet o agua, las empresas tienen dos años para reclamar el cobro. Pasado ese lapso, esas deudas ya no se pueden exigir”, explicó.
Además, cuestionó la falta de información oficial sobre el monto real de la deuda. “Las empresas debieron habernos dicho cuánto es lo que le debemos los usuarios en una nota de crédito que ya aparece en la misma factura y poder saber qué es lo que nos están cobrando”, señaló.
En el amparo presentado, Galván también solicitó los balances de las empresas involucradas —Edelar, Aguas Riojanas e Internet Para Todos— y la documentación del Gobierno provincial que justifique el monto reclamado. “Le estamos pidiendo los balances a las tres empresas y al Gobierno provincial para que nos establezcan cuál es la cuantificación de esa deuda”, indicó.
Incluso reveló una cifra extraoficial que calificó como alarmante. “Extraoficialmente me informaron que la deuda asciende a más de 50 mil millones de pesos solamente en Edelar. No sabemos cuánto es en agua ni en internet, y eso lo estamos pidiendo”, aseguró.
También cuestionó que esta situación no figure reflejada en el presupuesto provincial. “Lo grave es que el gobernador tampoco lo mandó en el presupuesto 2026. Uno revisa la ley de presupuesto aprobada por Diputados y no figura esta emergencia ni los estados contables que expliquen ese déficit”, expresó.
Para Galván, esto representa una vulneración directa al derecho de información y a la propiedad privada. “Eso claramente viola el derecho de información y a la propiedad privada que están protegidos por la Constitución y por la Ley de Defensa del Consumidor”, sostuvo.
Además del amparo judicial, Galván difundió en sus redes sociales un modelo de nota para que los usuarios puedan reclamar directamente ante las empresas sin necesidad de iniciar una demanda judicial. “Generé algo mucho más simple. Una nota donde la persona damnificada pueda presentarse en la empresa, interrumpir este cobro y reclamar por derecho de repetición las cuatro cuotas que ya nos cobraron desde diciembre del año pasado”, explicó.
Indicó que en el caso particular de la boleta de Edelar, este concepto representa alrededor del 15% del total facturado. “En mi caso particular representa el 15% de la boleta. Ya van cuatro cuotas y se está por vencer la quinta, por eso le digo a la gente que la presente ahora antes de que termine abril”, advirtió.
Galván señaló que, si las empresas no interrumpen el cobro tras la presentación administrativa, avanzarán con denuncias en Defensa del Consumidor y nuevas acciones judiciales. “La empresa debiera cumplir. Si no lo hace, vamos a hacer la denuncia en Defensa del Consumidor y eventualmente procederemos con acciones judiciales”, concluyó.
