La Secretaría de Trabajo de La Rioja intervino en la situación crítica que atraviesa la Fábrica de Jugos Inca, perteneciente a la empresa Nihuil S.A., luego de los rumores de un posible cierre del establecimiento productivo ubicado en Chilecito.
La secretaria de Trabajo, Miriam Espinosa, explicó que la empresa se encuentra en un procedimiento preventivo de crisis y que, durante la audiencia convocada de oficio este lunes, los representantes de la firma ratificaron la delicada coyuntura. “El vínculo laboral sigue vigente, con suspensiones y reducción de jornada, pero con la voluntad expresa del empleador de evitar el cierre definitivo”, señaló.
Espinosa agregó que desde la Secretaría se trabaja para buscar soluciones más que focalizarse en el conflicto. “Hace tiempo ya habían consensuado con los trabajadores una reducción de jornadas en el entendimiento y la búsqueda de alternativas que permitan superar la situación de la empresa, la cual se ha ido agudizando, más en esta época del año donde el consumo de jugos es menor”, indicó.
Durante la audiencia, los apoderados de la empresa confirmaron que la planta lleva casi 80 días prácticamente paralizada. Como medida alternativa, ofrecieron un retiro voluntario a los trabajadores, con pagos en cuotas. Sin embargo, esta primera propuesta fue rechazada por los representantes sindicales, que argumentaron que la modalidad de pago no era adecuada. Ante la falta de acuerdo, la Secretaría de Trabajo dispuso un cuarto intermedio y fijó una nueva audiencia para el jueves 4 de septiembre, con el objetivo de buscar una salida que permita sostener la fuente laboral y garantizar la continuidad de la fábrica.
Según Espinosa, actualmente son 22 trabajadores más el gerente los afectados por la crisis, quienes vienen cobrando sus salarios con retrasos, lo que evidencia la gravedad de la situación. La funcionaria aclaró que la empresa no precisó cuántas personas deberían acogerse al retiro voluntario, ya que la decisión dependerá de cada trabajador, pero señaló que cualquier cálculo deberá contemplar la antigüedad de cada empleado para garantizar un procedimiento justo.
Finalmente, la secretaria comentó que, aunque circuló información sobre un posible pedido de la empresa al Gobierno provincial para ceder un terreno y expandir la planta, no hay confirmación oficial de ello. Lo central, remarcó Espinosa, es que la empresa busca reorganizar su personal y mantener la actividad productiva, evitando el cierre definitivo y garantizando que los trabajadores mantengan sus derechos laborales.
